El contrato con FACSA: Pan para hoy y hambre para mañana

En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos municipales firmaron contratos con FACSA de un máximo de cuatro años de duración para que cada candidatura fuera dueña de sus propias decisiones tras las elecciones.  Sin embargo, en los inicios de su legislatura, el actual equipo de gobierno del Partido Popular  decidió conceder la explotación del agua en Castellnovo a la empresa privada FACSA durante 20 años.

agua

Esta concesión a largo plazo a una entidad privada para que se encargue de un bien tan básico como el agua, ha tenido consecuencias palpables en nuestros bolsillos. Y esto sucede porque en el contrato se detalla lo siguiente:

  1. Subida inmediata de un 25% en el precio del agua.
  2. Subida progresiva hasta un 25% desde la firma del contrato hasta la finalización del mismo veinte años después.
  3. En conclusión, nos encontramos con una subida aproximada del 50% sobre el precio inicial, a lo que habría que sumarle otros impuestos y tasas que no dependen directamente del ayuntamiento.

¿Y esta forma de hipotecar el agua a cambio de qué? Pues a cambio de 150.000 €  y de dejar a los sucesivos equipos de gobierno sin la libertad de negociar nuevas concesiones con FACSA, con todas las ventajas que ello supondría. Tened en cuenta que, en resumen, FACSA va a explotar el agua de nuestro pueblo durante 20 años a cambio de unos irrisorios 625€ al mes… ¡625 AL MES! Os invitamos, únicamente, a que pensáis en lo que pagáis cada uno en vuestra casa y que os fijéis cuántas casas hay en el pueblo para que os hagáis una idea de lo que puede ingresar FACSA al mes a costa de un bien que pertenece a CASTELLNOVO.

A pesar de todo ello, el nuevo equipo de gobierno, que surgirá de las próximas elecciones municipales, deberá plantearse muy seriamente la posibilidad de recuperar la gestión directa de las aguas potables y de renegociar  con la empresa concesionaria la búsqueda  fórmulas que hagan posible que algo tan preciado y necesario  como el agua no sea únicamente una excusa económica, sino un derecho de TODOS los vecinos.

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